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Difundiendo los Pilares

DERECHOS HUMANOS

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Los dos primeros principios del Pacto Global de Naciones Unidas, se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), aprobada en diciembre del año 1948, por la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU), la cual “supone el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, y que todos y cada uno de nosotros hemos nacido libres y con igualdad de dignidad y de derechos. Independientemente de nuestra nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición”.

La DUDH se ha instalado en el ámbito del derecho en la mayor parte de los países del mundo, “ya sea en forma de tratados, de derecho internacional consuetudinario, principios generales, acuerdos regionales o leyes nacionales”, mediante los cuales se expresan y garantizan los Derechos Humanos (DDHH).

El reconocimiento de los DDHH acordado y pactado a nivel internacional, impone a los Estados tres obligaciones: Respetar, Proteger y Cumplir. La primera se refiere a que no se puede interferir, obstaculizar o impedir, directa o indirectamente el libre ejercicio de los derechos. Mientras, la segunda alude al deber de impedir que terceros intervengan o impidan el libre goce de los mismos. Por su parte,  la obligación de cumplir significa promover y garantizar el goce y ejercicio de los derechos.

Además de las obligaciones, los DDHH se articulan en función de los siguientes principios:

  1. Universalidad e inalienabilidad, que alude a que todas las personas tienen derechos humanos, nadie puede renunciar a ellos voluntariamente y nadie puede despojarlos de ellos;
  2. Indivisibilidad e interdependencia, según el que todos los DDHH son indivisibles, interrelacionados e interdependientes, esto significa que el avance de uno facilita el avance de los demás y de la misma manera, la privación de uno afecta negativamente a los demás, por lo que ninguno de ellos es inferior o superior a otros.
  3. Igualdad y no discriminación, se refiere a que todos los individuos son iguales como seres humanos en virtud de la dignidad intrínseca de cada persona.

Estos principios articuladores dan cuenta del carácter transversal que tienen los DDHH, y de la responsabilidad conjugada que deben tener todos los actores de una nación (sociales, políticos y económicos) para su cumplimiento. En este sentido las empresas tienen un rol importante en la promoción y aseguramiento de estos derechos, así como en el respeto de cada uno de ellos.

    Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
    Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no ser cómplices de la vulneración de los Derechos Humanos.

 

RELACIONES LABORALES

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Los principios laborales del Pacto Global provienen de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo adoptada en el año 1998, cuyo “objeto es lograr que el progreso social vaya a la par con el progreso económico y el desarrollo”.

Esta declaración comprende principios y derechos en torno a cuatro ámbitos y compromete a los Estados miembros de la OIT a ratificarlos, respetarlos, promoverlos y hacerlos realidad. Estos ámbitos son: la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

El carácter obligatorio que conlleva para los Estados miembros de la OIT la ratificación de esta declaración les impone la misión de legislar respecto a los principios, lo que repercute en el funcionamiento de las empresas, ya que éstas deben respetar la legislación nacional de los Estados donde operan como parte de sus iniciativas para promover los principios laborales.

Desde esta perspectiva podría pensarse que la interacción entre Estado y empresas alude únicamente al ámbito legal, sin embargo es necesario destacar el rol que el sector empresarial tiene en los países, siendo un socio indispensable para el crecimiento económico, la generación de empleo, la reducción de la pobreza y la consecución del desarrollo sostenible.

En este sentido Pacto Global se vuelve un marco de apoyo para que la comunidad empresarial acepte estos valores universales, los integre y los aplique en sus compañías.

    Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Este principio comprende dos derechos: la libertad de asociación y la negociación colectiva. El primero da cuenta del deber de respetar el derecho de empleadores y de trabajadores a crear y constituir libremente grupos u organizaciones que les permitan promover y defender sus intereses profesionales e incorporarse a los mismos sin obstáculos de ningún tipo.

La libertad de asociación incluye las actividades de formación, la administración de la organización, la elección de representantes y la huelga, este último siendo un mecanismo usado por trabajadores para defender y reivindicar sus intereses económicos y sociales.

La importancia de este derecho radica en que permite a empleadores y trabajadores unir fuerzas para proteger tanto sus intereses económicos como sus libertades civiles, como el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad, y a la libertad personal y colectiva, por lo que no sólo  resguarda este principio, sino que además es crucial para dar efectividad a los demás principios y derechos fundamentales del trabajo.

El reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva implica que los trabajadores tienen la libertad de negociar y debatir con sus empleadores asuntos referidos a su relación, particularmente aquellos relacionados con los términos del empleo y las condiciones de trabajo.  Por lo que es un ámbito que promueve un espacio constructivo de discusión que sirve para detener potenciales problemas, como mecanismo de resolución pacífico y como lugar común donde encontrar soluciones que consideren prioridades y necesidades de empleadores y trabajadores.

    Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

El trabajo forzoso “es todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ha ofrecido voluntariamente. El pago de un salario u otra forma de compensa­ción no indica necesariamente que el trabajo no sea forzoso u obligatorio”. Este trabajo afecta a diversos sectores e incluye la servidumbre por deudas, las condiciones de trabajo degradantes, la trata y el abuso de la vulnerabilidad.

Según estimaciones de la OIT el trabajo forzoso es una situación que afecta a 20,9 millones de personas en el mundo. De ellos 1,8 millones se encuentran en América Latina y el Caribe, lo que representa el 9% del total de la población en esta condición.

Esta forma de trabajo no solo se constituye como una violación a los derechos humanos fundamentales sino que además priva a la sociedad la oportunidad de desarrollar habilidades y capital humano para el mercado laboral futuro y retarda el desarrollo adecuado de los recursos humanos.

    Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

El trabajo infantil se define como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico, volviéndose una forma de explotación que viola un derecho humano.

Se refiere al trabajo que es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño; interfiere con su escolarización puesto que es peligroso y prejudicial para el bienestar, les priva de la posibilidad de asistir a clases, les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo. Esta definición ha sido reconocida por la comunidad internacional y por casi todos los gobiernos que declaran su adhesión a la abolición del trabajo infantil.

Con el objetivo de erradicar el trabajo infantil la OIT creó el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC, año 1992) mediante el cual se promocionan los Convenios N° 138 (Convenio sobre la edad mínima) y N° 182 de la organización (Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil) los cuales proporcionan el marco para que la legislación nacional determine una edad mínima de admisión al empleo o trabajo, la que no podrá ser inferior a los 15 años, edad prevista para la finalización de la escolarización obligatoria.

Uno de los principales impactos del trabajo infantil es que entrega al mercado laboral trabajadores poco calificados y con un desarrollo físico, mental y moral interrumpido, lo que a su vez puede generar una fuerza laboral futura poco preparada y menos productiva.

    Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.

La discriminación se refiere al trato diferenciado o menos favorable que recibe una persona en su empleo u ocupación producto de características no relacionadas con sus méritos o requisitos inherentes a su puesto de trabajo. Por lo general estas características se relacionan con: la raza, color, sexo, religión, sindicalización, opinión política, origen social, edad, orientación sexual, padecimiento de alguna enfermedad o cualquier otra característica  que se considere injustificada y cuyo efecto directo sea alterar o anular el derecho a la igualdad de trato de cada individuo.

Una situación de discriminación puede ocurrir en diversas áreas relacionadas con el trabajo y puede adoptar distintas formas, es directa cuando son las leyes las que explícitamente limitan el acceso de una persona a un empleo y es indirecta cuando tiene lugar de manera informal mediante actitudes y conductas.

 

MEDIO AMBIENTE

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En junio del año 2012 se celebró en Río de Janeiro, Brasil la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), en ella los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de alto nivel renovaron su “compromiso en favor del desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental para nuestro planeta y para las generaciones presentes y futuras”.

Asimismo, reafirmaron todos los principios asumidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en especial el principio 7 que indica que “los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen”.

En Río+20 se evidenció la necesidad de avanzar hacia el desarrollo sostenible, se intensificó la importancia de progresar en la consecución de los principios declarados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y se reafirmó como esencial la participación del sector privado para contribuir al logro del desarrollo sostenible.

En este contexto y para que el sector empresarial influya y colabore en la producción de un cambio positivo hacia el desarrollo sostenible, Pacto Global promueve los siguientes tres principios medioambientales:

    Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

El enfoque preventivo (también conocido como criterio de precaución) se define a nivel mundial por primera vez en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este criterio “indica que la falta de certeza científica no es razón para postergar la adopción de medidas a fin de impedir un posible daño grave o irreversible para el medio ambiente”.

A partir de esta definición el principio 7 tiene como elemento clave la precaución aludiendo con ello a que es mejor y más rentable para las empresas tomar medidas antes de que se produzcan daños ambientales debido a sus operaciones y en toda su cadena de valor, porque estos pueden ser irreversibles.

    Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Este principio proviene del reconocimiento que se hiciera en la Cumbre de la Tierra celebrada en el año 1992 al sector empresarial como un actor clave en la promoción del cuidado del medioambiente por ello en el capítulo 30 del Programa 21 se recomienda que “el comercio y la industria, incluidas las empresas transnacionales, deberían reconocer cada vez más que la ordenación del medio ambiente es una de las principales prioridades de las empresas y un factor determinante clave del desarrollo sostenible”.

El Programa 21 indica que el sector empresarial debe ser responsable ambientalmente en sus operaciones y que para ello debe llevar “una gestión responsable y ética de los productos y procesos desde el punto de vista de la sanidad, la seguridad y el medio ambiente. Para conseguirlo, el comercio y la industria deberían aumentar la autorregulación, orientados por códigos, reglamentos e iniciativas pertinentes, integrados en todos los elementos de la planificación comercial y la adopción de decisiones, y fomentando la apertura y el diálogo con los empleados y el público”.

Adicionalmente, la lógica de este principio apela a que las empresas tienen una mayor legitimidad cuando las comunidades donde operan y la sociedad en general, se preocupa porque las prácticas  que realiza este sector sean responsables con el medio ambiente haciéndolas mejores vecinos.

    Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Este principio apela al desarrollo y difusión de tecnologías que permitan prevenir la contaminación y el daño medioambiental que puede producirse producto de las operaciones del sector empresarial. Ahora, no cualquier tecnología que dice respetar el medio ambiente será considerada como tal, por ello en el Programa 21 se han definido como aquellas tecnologías que “protegen al medio ambiente, son menos contaminantes, utilizan todos los recursos en forma más sostenible, reciclan una mayor porción de sus desechos y productos y tratan los desechos residuales en forma más aceptable que las tecnologías que han venido a sustituir”.

En la medida que el sector empresarial adopte tecnologías que sean más respetuosas con el medio ambiente podrán generar menos residuos y desechos y utilizar los recursos naturales de manera más eficiente favoreciendo a los trabajadores de las empresas, a las comunidades aledañas y a toda la sociedad.

 

ANTICORRUPCIÓN

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La corrupción es un fenómeno que afecta en forma transversal a los países desarrollados y en vías de desarrollo. Representa un desafío global para el desarrollo sostenible, que involucra por igual al mundo político y empresarial. Tiene un impacto negativo en la política, dado que afecta la confianza en las instituciones y en el gobierno, lo cual deteriora la legitimidad del mismo. Sin embargo, también afecta a la economía y la inversión, debido a que impone un sobrecosto que distorsiona los mercados y perjudica la competencia, productividad y la eficiencia. Por otra parte, una de las características de este fenómeno global es que resulta extremadamente difícil de identificar y medir.

En consecuencia, la lucha en contra de la corrupción se ha trasformado en un tema de relevancia para la agenda política nacional e internacional con el objeto lograr un funcionamiento más eficiente y justo de los mercados, y para lograr la consolidación y estabilidad de las instituciones y de los valores democráticos con altos grados de legitimidad social. En este sentido, los esfuerzos por generar mayores niveles de transparencia y acceso a la información se han convertido en un requisito para el desarrollo económico y la estabilidad política.

En lo que concierne a las normas y políticas específicas contra la corrupción, los dos principales instrumentos jurídicos que existen a nivel internacional son: la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), en los que se convoca a los Estados a realizar esfuerzos en conjunto para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción de las funciones públicas y actividades relacionadas, y a promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción. Además, se puede incluir la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Chile ha ratificado y promulgado la adhesión a estas convenciones internacionales, demostrando su interés en mejorar y modernizar las instituciones públicas con estándares de transparencia y probidad internacionales.

Sin embargo, la discusión en torno a los riesgos que representa la corrupción, por su relevancia en política y economía, no solo se da en el ámbito público. El fenómeno representa a su vez un riesgo serio para las empresas en el ámbito legal, reputacional y financiero, que vulnera la confianza de inversionistas, clientes y socios estratégicos. De acuerdo a la ISO 26.000, la corrupción “socava la eficacia y reputación de una organización y puede convertirla en sujeto de procesamiento penal, así como de sanciones civiles y administrativas”. En consecuencia, la lucha contra la corrupción se ha ido consolidando en la última década como uno de los desafíos centrales para el sector privado.

En este contexto, se observa un aumento de conciencia corporativa en cuanto a los riesgos que encierran los actos de corrupción. Lo cual ha generado una serie de esfuerzos que apuntan a combatir las prácticas de corrupción en los negocios. Ya que la corrupción y otros delitos asociados representan un riesgo crítico que puede hacer colapsar una empresa, la integración de medidas para prevenirla y combatirla se ha vuelto más común en las estrategias de negocios y enfoques de gestión integral de riesgos, dado que una buena gestión permite aumentar la rentabilidad y el valor para los accionistas.

El Principio 10 del Pacto Global aborda esta problemática en particular. El principio se deriva principalmente de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y promueve conductas e iniciativas en contra de la corrupción en el ámbito privado y empresarial:

    Principio 10: Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno.

La adopción del décimo principio compromete a los participantes del Pacto Global de Naciones Unidas a evitar el soborno, extorsión y otras formas de corrupción y también a desarrollar políticas y programas concretos para hacer frente a la corrupción. Para esto, las empresas tienen el desafío de unirse a los gobiernos, organismos de las Naciones Unidas y la sociedad civil para lograr una economía global más transparente.

Por corrupción se entiende el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Algunas de sus formas específicas, presentes en los sectores tanto público como privado, tienen que ver con:

Soborno. Es el “ofrecimiento o aceptación de regalos, préstamos, honorarios, gratificaciones o cualquier otro tipo de beneficio, a o de cualquier persona a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto, ilegal o que implica el quebrantamiento de la confianza, durante la conducción de los negocios de la empresa”.

Extorsión. El soborno se convierte en extorsión cuando está acompañado de amenazas que ponen en riesgo la integridad personal o la vida de los individuos involucrados.

Otras conductas que se relacionan con la corrupción son:

Conflictos de interés. Se presentan cuando un integrante de una organización tiene que tomar una decisión que podría afectar sus intereses personales, lo que podría tener una influencia indebida en su conducta. En esta situación, hay oportunidades de corrupción que generen ganancias personales para el involucrado, por lo que es importante que exista un adecuado control. La OECD señala que las principales áreas potenciales de conflicto de intereses están relacionadas con regalos, trabajo externo, relaciones personales y familiares, entre otras.

Fraude. Incluye las contribuciones a partidos políticos o a instituciones relacionadas y el lavado o blanqueamiento de activos.

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